Medellín enfrenta una crisis habitacional sin precedentes que la consolida como la ciudad más cara de Colombia. Impulsada por un déficit superior a 38.000 viviendas, la desaceleración constructiva y una inflación anual del 7%. Esta presión obligó a familias como la de Gina Ballén a abandonar el barrio Manila tras el incremento de sus arriendos de 2,6 millones a más de 6 millones de pesos por la proliferación de estancias turísticas.
Un estudio de capacidad realizado por la Alcaldía reveló que se sobrepasa entre 4 y 5 veces la capacidad del barrio en los corredores turísticos.
El encarecimiento impacta a todo el Valle de Aburrá. Donde vivir cuesta 9,5% más que en Bogotá sin alquiler y 15,7% más al incluirlo, con un poder adquisitivo local 30% inferior. Casos como el de Eric Carpio reflejan este fenómeno. Tras mudarse a Bello y notar que su salario se consumía en gastos básicos, debió migrar a Puerto Nare, donde los arrendamientos son drásticamente inferiores.
El éxodo paisa
La causa principal radica en un desequilibrio estructural entre oferta y demanda. Asimismo, agravado por el crecimiento superior al 1.000% de plataformas de rentas cortas como Airbnb entre 2019 y 2026. Según La Lonja de Propiedad Raíz, los cánones de arrendamiento en la región subieron 21% en 2022 y 27% en 2023. Manteniéndose por encima de la inflación general debido a la falta de nueva oferta habitacional.
A esta escasez se suma la contracción constructiva de Medellín, cuya participación en la edificación regional cayó del 70% al 30% por limitaciones de suelo. Gremios como Camacol advierten que los altos costos del suelo y las cargas urbanísticas desplazan la oferta hacia viviendas de lujo. Asimismo, dejando desatendidos a los hogares que requieren inmuebles de interés social o prioritario.
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Ante este panorama, la discusión sobre la modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) busca regular la vivienda turística concentrándola en zonas de alta mixtura. Mientras la administración distrital intenta proteger el uso residencial de los barrios, sectores comerciales y plataformas de alojamiento advierten posibles desincentivos a la inversión y a la libertad económica.
Entre la gentrificación y el POT
Para mitigar el éxodo de residentes hacia municipios vecinos, los expertos proponen flexibilizar normas urbanísticas. Además de habilitar suelo público para vivienda prioritaria y promover esquemas de arriendo asequible. Estrategias de renovación urbana en zonas céntricas resultan indispensables para responder a la demanda habitacional sin expulsar a la población ni encarecer la canasta familiar.
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Frenar el costo de vida en la capital antioqueña requiere equilibrar la actividad turística y el desarrollo inmobiliario con el acceso a la vivienda digna. El futuro urbanístico de Medellín dependerá de la efectividad del nuevo POT para restaurar la oferta habitacional y garantizar la permanencia de sus habitantes tradicionales.
