El jueves 13 de agosto, la autopista Medellín–Bogotá registró graves interrupciones en el flujo vehicular a la altura del municipio de Copacabana. Debido a una serie de cierres intermitentes protagonizados por la comunidad de la vereda Granizal. Los manifestantes salieron a las vías principales con el propósito de exigir a las administraciones locales una atención urgente e inmediata frente a la persistente falta de agua potable e infraestructura vial adecuada en su sector. Esta movilización responde al incumplimiento denunciado de las decisiones judiciales que exigían garantizar las necesidades básicas de los habitantes de la vereda en Bello.
Este territorio esta en alta vulnerabilidad desde el 24 de junio de 2025, cuando una avalancha cobró la vida de 27 personas en este sector.
El conflicto radica en el distanciamiento entre lo dispuesto por los fallos judiciales y la realidad cotidiana que padecen los pobladores de Granizal. De acuerdo con la comunidad, las órdenes impartidas mediante acciones populares estipulaban el suministro de al menos 50 litros de agua por persona al día. Asimismo, la intervención integral y pavimentación de los caminos de acceso. No obstante, las familias denunciantes sostienen que la Alcaldía de Bello no está suministrando actualmente ni siquiera 10 litros diarios por habitante.
Falta de agua y vías en mal estado
A esto se suma el deterioro continuo de la malla vial, un factor que entrampa y frena el desarrollo social de la vereda Granizal. Los voceros recalcan que el mal estado de las carreteras dificulta los desplazamientos cotidianos, paralizando de paso el acceso equitativo a servicios públicos esenciales. Ante este escenario de abandono percibido, los manifestantes exigen que los pronunciamientos institucionales se traduzcan en soluciones tangibles e inmediatas.
Frente a la escalada de la protesta social, la Administración de Bello precisó los avances de la estrategia que adelanta junto con Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) para resolver el desabastecimiento en la zona. Las autoridades informaron que ya concluyó la instalación de 6.865 metros de tubería de la red principal. Además, que se han habilitado 59 puntos humanitarios de distribución, apoyados por seis plantas portátiles de potabilización. En el marco de estas obras, la Alcaldía confirmó la fase final de verificación técnico-sanitaria y la toma de muestras antes de conectar el sistema.
El reclamo de Granizal
En sintonía con las explicaciones técnicas, la secretaria Jurídica de Bello, Carmen Cecilia Escobar David, resaltó el inicio de una fase decisiva para la comunidad. Asimismo, la funcionaria anunció el inicio de un plan piloto para evaluar la generación y distribución de agua potable en los hogares de Granizal. La administración enfatizó que desde marzo de 2023 se han distribuido más de 140.000 metros cúbicos de agua en carrotanques para abastecer 122 bidones. Al tiempo que gestiona ante el Ministerio de Vivienda un proyecto de acueducto aéreo definitivo en alianza con la Gobernación de Antioquia.
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A pesar de las explicaciones oficiales, la tensión persiste a lo largo de la autopista Medellín–Bogotá. Mientras la ciudadanía afectada exige respuestas inmediatas y la materialización de los fallos para solventar la crisis hídrica y vial en el territorio. La administración local insiste en que las obras estructurales presentan avances significativos y apela a la prueba piloto de dos meses como el paso definitivo.
