Tras años de espera y controversias, la capital antioqueña ha dado inicio a la construcción de la Cárcel Metropolitana de San Cristóbal. Un proyecto pionero en Colombia que busca aliviar el dramático hacinamiento carcelario en las estaciones de policía de la ciudad. Lo más notable de esta obra es su capacidad para 1.339 personas en detención transitoria. Asimismo, el innovador modelo de Alianza Público-Privada (APP) que se implementará por primera vez en el sistema penitenciario del país.
La nueva cárcel, que se espera esté operativa en el primer semestre de 2027, le costará al distrito cerca de $675.000 millones, que se pagarán durante 12 años después de su puesta en marcha. Este esfuerzo financiero busca poner fin a las inhumanas condiciones de reclusión en las estaciones de policía. Las que actualmente albergan cerca de 1.600 sindicados con una capacidad adecuada para solo 640. Esto representa un hacinamiento del 150%, con picos que superan el 1.000% en algunas de ellas.
Modelo APP en el sistema penitenciario
El proyecto se desarrolla bajo el esquema de una APP, donde una empresa privada asume la inversión, construcción y operación. La encargada de esta megaobra es Carmet Medellín S.A., filial de la megaconstructora mexicana Promotora y Desarrolladora Mexicana S.A. (Prodemex). La empresa privada pondrá los recursos para la construcción y luego operará el centro por al menos 12 años, cobrando al distrito por la operación.
La Alcaldía de Medellín defiende el modelo, argumentando que las asociaciones público-privadas «aportan mayor eficiencia, sostenibilidad en la provisión del servicio» y permiten un «equilibrio en la distribución de riesgos, lo que genera grandes ahorros para el sector público». El secretario de Seguridad, Manuel Villa, celebra la construcción como una «solución de fondo» al problema de la sobrepoblación.
Alertas sobre el costo y la eficiencia
Sin embargo, el profesor y abogado Juan David Posada y otros expertos en el sistema penitenciario, han levantado alertas sobre el impacto de la APP. Posada señala que, a mediano y largo plazo, la operación de la cárcel APP podría resultar mucho más costosa para el distrito.
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Al cobrar por persona que ocupa un espacio físico es como si fuera un hotel», advierte Posada, señalando la eficiencia económica de una privada. Esto podría traducirse en un incentivo para «ofrecer la menor cantidad de servicio posible para que el sistema pueda ser rentable». Además, sin que necesariamente se garanticen condiciones de reclusión óptimas pese al alto costo.
Impacto de las cárceles privadas
Otro punto de preocupación es el potencial incentivo a la sobrejudicialización. El profesor advierte que la existencia de más cupos podría exacerbar la tendencia de los jueces a ordenar más detenciones preventivas. Este es un fenómeno que se ha visto en países como Estados Unidos, donde este modelo de cárceles privadas es común. «Si con las estaciones de policía colapsadas los jueces siguen enviando a las personas a detención preventiva, cómo será cuando tengan espacio disponible», cuestiona Posada. Además, la novedad del esquema deja interrogantes pendientes, como la responsabilidad de la seguridad dentro del centro. Un área donde el INPEC no tendría competencia, y si esta recaería en funcionarios públicos o en una empresa de seguridad privada.
La Cárcel de San Cristóbal se convierte así en un experimento crucial para Colombia. Su éxito o fracaso sentará un precedente sobre si la construcción de más centros de reclusión, bajo un esquema de APP. Finalmente, esta el interrogatorio si será una verdadera solución al hacinamiento o el inicio de un ciclo costoso y potencialmente ineficiente de privación de la libertad en el país.
