La modificación del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) en Medellín desató un intenso debate entre la Alcaldía y las plataformas de renta corta como Airbnb. El rápido crecimiento del turismo impulsó ingresos por más de $435.000 millones para los anfitriones el año pasado. Pero también generó descontento vecinal por el aumento incontrolado de los arriendos, el ruido nocturno y los casos de explotación sexual en sectores residenciales.
El 40 % de todas las viviendas de renta corta registradas legalmente en la ciudad se concentran exclusivamente en un solo sector: El Poblado.
Ante esta situación, la Alcaldía presentó un proyecto de acuerdo en el Concejo para reordenar el uso del suelo y proteger la vivienda familiar. El alcalde Federico Gutiérrez afirmó que la renta corta no es la única causa del alza en los arriendos, pero sí incide en la economía de varios sectores. La propuesta oficial busca corregir vacíos del POT de 2014 para reubicar esta oferta turística lejos de los barrios puramente residenciales.
Renta corta en Medellín
El ajuste normativo establece que los hospedajes temporales solo podrán funcionar en zonas de alta mixtura urbana y en áreas con vocación específica. Con esto, la administración municipal pretende solucionar los problemas de convivencia y desabastecimiento habitacional. Los cuales son originados cuando las viviendas tradicionales empezaron a alquilarse masivamente a visitantes extranjeros y nómadas digitales.
Desde el gremio de las plataformas digitales se encendieron las alarmas al considerar que la medida restringiría la actividad en el 90% de la ciudad. Representantes del sector sostienen que equiparar la vivienda turística con la hotelería tradicional afectaría los ingresos de más de 4.500 familias locales. Para reforzar su postura, el sector ha compartido estudios académicos y adelantado gestiones ante concejales con el fin de modificar el proyecto.
Regulación de la vivienda turística
Por su parte, la Alcaldía aclara que la norma busca regular el territorio ante las constantes quejas de los ciudadanos en las inspecciones de policía. La directora de Planeación, Luz Ángela González, explicó que el propósito es lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la tranquilidad de los residentes.
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Planeación argumenta que el modelo propuesto es sostenible, pues identifica más de 16.000 lotes potenciales en zonas aptas para expandir ordenadamente la oferta de hospedaje. Asimismo, la funcionaria brindó tranquilidad a quienes hoy operan bajo la legalidad en zonas de mixtura media. Precisando que la figura de «uso establecido» protegerá sus derechos adquiridos sin aplicar medidas de carácter retroactivo.
El Concejo de Medellín tendrá la última palabra sobre las modificaciones del POT. La decisión final marcará el rumbo de la actividad turística en la ciudad y definirá el modelo de desarrollo urbano necesario para garantizar la disponibilidad de vivienda residencial sin frenar uno de los motores económicos más dinámicos de la región.




