La ciudad de Medellín enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes que ha llevado a la administración municipal a tomar medidas extremas. El alcalde Federico Gutiérrez anunció oficialmente la declaración de la urgencia hospitalaria en toda la red de salud de la capital antioqueña. Una decisión motivada por niveles de saturación que han desbordado la capacidad de respuesta de los centros asistenciales.
La medida busca activar protocolos de contingencia ante un panorama que ya compromete la seguridad y la vida de los pacientes en la región.
Las cifras de ocupación en los servicios de urgencias son alarmantes y reflejan un sistema al borde del colapso total. Según los informes oficiales, el promedio de sobrecupo en la ciudad supera el 150 %, alcanzando picos críticos en instituciones específicas como el Hospital La María, que reporta una ocupación del 191 %, y el instituto Incodol, que registra un 163 %. Esta saturación no se limita a la atención primaria, sino que afecta también a las instituciones de alta complejidad.
Alerta roja por ocupación
El impacto directo en la prestación de servicios ya se siente con rigor en la comunidad. La Alcaldía confirmó que esta coyuntura ha forzado la cancelación de más de 2.000 atenciones en la IPS Alma Máter. Asimismo, de la suspensión total de servicios en Cardio VID desde principios de febrero. Además, se registra un cierre progresivo de diversas Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), lo que reduce drásticamente el margen de maniobra para atender pacientes.
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Detrás de esta crisis operativa subyace un asfixiante déficit financiero que, según el mandatario local, tiene raíces estructurales a nivel nacional. Gutiérrez detalló que la deuda de salud en Colombia asciende a 33 billones de pesos, de los cuales más de 8 billones corresponden a Antioquia. La situación es especialmente grave para el Hospital General de Medellín, al que las EPS le adeudan más de 270.000 millones de pesos.
Urgencia hospitalaria en Medellín
La vulnerabilidad de los usuarios se ha agudizado también por los problemas de contratación y flujo de pagos con la Nueva EPS, entidad que asegura al 10 % de la población en Medellín. Ante lo que considera una gestión deficiente y un abandono estatal, el alcalde anunció acciones legales contundentes. Se ha solicitado al Tribunal Administrativo de Antioquia aplicar la máxima sanción posible contra los ministros de Salud y Hacienda, el superintendente de Salud y directivos de la Adres, señalándolos por el presunto incumplimiento de un fallo judicial emitido el 26 de agosto de 2025.
Finalmente, la estrategia de la Alcaldía incluye un componente de vigilancia y control para forzar soluciones de fondo. El mandatario informó que envió comunicaciones oficiales a los organismos de control pertinentes para que evalúen medidas de carácter urgente. Asimismo, el caso ha sido remitido a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue un posible fraude a resolución judicial. Buscando que los responsables del sistema de salud a nivel central respondan por la parálisis que hoy mantiene a Medellín en estado de alerta máxima.



