Un juzgado de Medellín emitió un fallo de tutela que obliga al alcalde Federico Gutiérrez a retractarse públicamente tras haber cancelado la presentación del libro El M-19. De la guerra a la política, un evento académico que estaba programado para el pasado 21 de abril en la Biblioteca Pública Piloto (BPP). La decisión judicial determinó que la intervención del mandatario local constituyó un acto de censura previa.
Este acto vulnera de forma directa los derechos fundamentales a la libertad de expresión, el acceso a la información y la participación política.
El fallo, proferido por el Juzgado 47 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, establece un plazo estricto de 48 horas para que el Distrito de Medellín reconozca públicamente el error y la violación a las garantías constitucionales. Esta resolución judicial llega poco más de dos meses después de la intensa polémica que sacudió a la ciudad. Originada por la suspensión de la obra de Jaime Rafael Nieto López, la cual analiza de manera académica la historia de la extinta guerrilla.
Golpe judicial a Federico Gutiérrez
La controversia comenzó antes del evento, cuando el alcalde utilizó su cuenta oficial en la red social X para anunciar la cancelación del lanzamiento. En su mensaje, el gobernante local afirmó que el M-19 representaba un grupo terrorista que dejó dolor y muerte en el país. Bajo el argumento de respetar la memoria de las víctimas y amparándose en la Ley de Garantías, el mandatario sentenció que ninguna entidad pública podía albergar un espacio con un carácter tan evidentemente político.
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A raíz de los señalamientos del mandatario, la administración de la Biblioteca Pública Piloto retiró de inmediato el apoyo institucional. Lo que incluyó el desmontaje de los equipos de sonido previamente asignados. A pesar de la falta de garantías logísticas y del retiro del respaldo oficial, los asistentes decidieron permanecer en el recinto. Asimismo, llevaron a cabo la presentación del libro de forma improvisada, en medio de la tensión generada por una notoria presencia de la fuerza pública.
Ni Ley de Garantías ni orden público
Durante el desarrollo del proceso judicial, tanto la Alcaldía de Medellín como las directivas de la BPP intentaron defender su postura. Argumentando que no se habían vulnerado los derechos de los ciudadanos, ya que el evento finalmente sí se ejecutó. Asimismo, insistieron en que la cancelación preventiva respondía estrictamente al cumplimiento de las normas electorales vigentes. No obstante, el despacho judicial desestimó de manera contundente estos argumentos, aclarando que la restricción institucional ya se había materializado. Además, que el éxito de la jornada se debió únicamente a la persistencia del público y no a las garantías del Distrito.
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Una vez notificada de la sentencia que le exige la retractación inmediata, la Alcaldía de Medellín manifestó su desacuerdo con la interpretación del juez. Asimismo, anunció formalmente que apelará la decisión. Con este recurso legal, la administración local buscará que una instancia judicial superior revise el caso detalladamente. Manteniendo el debate abierto sobre los límites entre la neutralidad política y la preservación del derecho constitucional a la libre expresión en escenarios académicos.
