El Concejo de Medellín encendió las alarmas tras revelar un preocupante mapa de la inseguridad que divide a la ciudad en 12 zonas rojas estructurales y otras 18 en situación de riesgo. Durante el debate, el concejal Andrés Rodríguez advirtió sobre el deterioro del espacio público y el auge de economías ilegales en puntos críticos.
La preocupación radica en que estos sectores enfrentan problemas de criminalidad, explotación de menores, la habitabilidad en calle y un evidente descuido ambiental.
Además de los focos críticos ya consolidados, se denunciaron 9 zonas en «consolidación crítica» donde el turismo y el comercio crecen sin control estatal. Afectando sectores emblemáticos como el Parque Lleras, Provenza, la comuna 13 y la carrera 70. A este panorama se suman 9 áreas denominadas «zonas a la deriva», entre las que se encuentran la Autopista Norte, Robledo y Santo Domingo Savio. En estos puntos, los cabildantes observan los primeros síntomas de degradación urbana, lo que sugiere una expansión territorial del desorden y la delincuencia.
Entre bandas y degradación
La sesión puso nombres a las estructuras criminales que dominan estos territorios, señalando a bandas como La Terraza, Caicedo, Robledo, Los Caravanudos y Las Convivir. Según las denuncias, estos grupos controlan desde el tráfico de estupefacientes y la extorsión hasta delitos más atroces como la explotación sexual infantil. El concejal Brisbany Arenas cuestionó la eficacia de los operativos actuales, señalando que, a pesar de conocerse quiénes manejan el negocio, las incautaciones resultan mínimas.
Desde la perspectiva de la seguridad, la concejala Claudia Carrasquilla enfatizó la falta de un trabajo articulado entre la Alcaldía, la Fiscalía y el Ejército. Carrasquilla señaló que la ausencia de una persecución penal seria ha permitido que las bandas utilicen a los habitantes de calle como sus principales clientes. A esta crítica se sumaron expertos en drogadicción, quienes manifestaron una profunda descoordinación entre las fundaciones privadas y los programas del Distrito.
Alerta roja en Medellín
Por su parte, la Policía Metropolitana defendió su gestión presentando cifras de 2026, que incluyen 641 capturas y la incautación de 181 kilos de droga. Las autoridades destacaron que, en comparación con el año anterior, los homicidios bajaron de 30 a 21 casos y los hurtos se redujeron. Sin embargo, admitieron que el desafío es monumental, considerando que solo en el área metropolitana se incautaron 14 toneladas de estupefacientes durante 2025.
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El secretario de Seguridad y alcalde encargado, Manuel Villa, reconoció la gravedad de la situación y pidió no «romantizar» el consumo de drogas. Asimismo, hizo hincapié en la degradación social que supone la explotación sexual infantil, revelando casos donde las propias madres actúan como proxenetas. Aunque defendió los resultados generales de la administración, aceptó que es necesario identificar las fallas y fortalecer la cooperación con la sociedad civil.
Finalmente, la Secretaría de Inclusión Social detalló que ha reforzado su presencia con 560 educadores de calle para atender a más de 1.700 personas en condición de vulnerabilidad, concentradas mayoritariamente en el Centro. No obstante, la entidad recordó que existen limitaciones legales insalvables para obligar a los habitantes de calle a iniciar procesos de rehabilitación. Además, debido a fallos de la Corte Constitucional que protegen el libre desarrollo de la personalidad. Este marco legal, sumado a la rentabilidad de las zonas rojas para las bandas, plantea un reto complejo para el Distrito.
