En un movimiento conjunto que refleja la creciente presión fiscal sobre el sector privado, Intergremial Antioquia y Fenalco Antioquia han solicitado formalmente a la Gobernación de Antioquia la suspensión inmediata del cobro de la Tasa Especial de Seguridad y Convivencia Ciudadana.
Esta medida, establecida mediante la Ordenanza 50 de 2024, comenzó a recaudarse en enero de este año y tiene vigencia proyectada hasta diciembre de 2027.
Las organizaciones gremiales aseguran que el tejido empresarial del departamento ha llegado a un punto de saturación. Según el comunicado emitido, las empresas ya no toleran más impuestos regionales, argumentando que este cobro se suma a una carga tributaria nacional ya elevada. Además de los recientes incrementos en el salario mínimo y a otras medidas económicas del Gobierno nacional que están asfixiando los presupuestos corporativos.
Riesgos y postura de los gremios
El presidente ejecutivo de Intergremial Antioquia, Nicolás Posada López indica que “desde la intergremial de Antioquia con sus 35 gremios, solicitamos respetuosamente a la Gobernación de Antioquia pausar o dar por finalizado el impuesto a la seguridad, gran parte de este impuesto lo están pagando los empresarios”.
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El sector productivo advierte que las consecuencias de mantener esta tasa van más allá de un simple ajuste contable. Los representantes gremiales sostienen que la continuidad del recaudo pone en riesgo la generación de empleo formal y la productividad regional. Alertando que, en escenarios extremos, algunas empresas podrían verse obligadas al cierre definitivo. Esta postura no es nueva, pues desde la etapa de proyecto de acuerdo, los gremios habían manifestado su oposición ante la Asamblea Departamental. Señalando que la medida resta competitividad a Antioquia frente a otras regiones del país.
Búsqueda de soluciones o alternativas
Ante este panorama la directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, María José Bernal Gaviria informa que “la situación no es fácil. Este año empezamos con un aumento desmedido del salario mínimo que impacta directamente los costos especialmente de las pymex del departamento. Estamos abiertos al diálogo y a buscar alternativas diferentes”
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Finalmente, Intergremial y Fenalco instaron a la administración departamental a reconsiderar la ordenanza. Asimismo, a explorar alternativas de financiamiento para la seguridad que no recaigan exclusivamente sobre los hombros de los empresarios. No obstante, reiteraron su disposición al diálogo para encontrar soluciones que permitan fortalecer la convivencia ciudadana sin comprometer el crecimiento económico y la estabilidad laboral.
