Medellín vive una transformación económica sin precedentes ante la llegada de Benito Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, quien ofrecerá tres conciertos consecutivos en el Estadio Atanasio Girardot los días 23, 24 y 25 de enero. Este fenómeno musical ha disparado los precios del hospedaje, generando una ola de denuncias en redes sociales sobre tarifas desbordadas y cancelaciones de última hora.
Los conciertos de alta convocatoria, como el de Bad Bunny en Medellín en enero de 2026, han generado un aumento excesivo en los precios de alojamiento.
A través de las principales plataformas de reserva, para una estancia del 22 al 25 de enero, se identifica la magnitud de las cifras. En Airbnb, la oferta se concentra en El Poblado y Laureles, donde un apartamento renovado en sectores exclusivos puede alcanzar los $19.061.771 por tres noches.
Diferentes ofertas y plataformas
El hallazgo más impactante fue una propiedad de 13 camas en El Poblado con un valor cercano a los $31 millones de pesos. Si bien el costo por persona en este caso ronda los $2 millones, la cifra total refleja la presión inflacionaria del evento. En Laureles, los precios oscilan entre los $4.700.000 y los $8.600.000, especialmente cerca de la zona gastronómica y Parques del Río. Por su parte, la plataforma Booking muestra una alta concentración de opciones en sectores como Belén, el Centro y las inmediaciones del Estadio.
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Mientras que en barrios como Buenos Aires se pueden encontrar alternativas desde $1.450.000, las propiedades cercanas al lugar del concierto llegan a costar hasta $11.664.000. Este incremento no se limita al alojamiento, ya que el mercado secundario de boletería también reporta precios elevados. Las entradas revendidas se cotizan desde los $700.000 en la localidad sur hasta los $1.400.000 en gramilla VIP.
Instancias legales
La situación ha escalado hasta instancias legales debido a testimonios virales, donde usuarios exponen casos de apartamentos de una habitación ofertados por $25 millones. Asimismo, las cancelaciones arbitrarias de reservas antiguas para ser republicadas con precios superiores.
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Ante este escenario, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició averiguaciones formales. La entidad recordó que los prestadores de servicios turísticos están obligados por la Ley 300 de 1996 a respetar las condiciones pactadas. El incumplimiento de estas normas o la reventa de reservas aceptadas podría acarrear multas severas de hasta 2.000 salarios mínimos, equivalentes a $3.500 millones de pesos.
