La Ley 675 de 2001, conocida como la Ley de Propiedad Horizontal, rige la convivencia y el uso de espacios compartidos en edificios y conjuntos residenciales en Colombia. Sin embargo, persisten dudas clave entre los copropietarios y administradores. Especialmente en lo referente al consumo de marihuana y otras sustancias psicoactivas dentro de estas comunidades. Recientemente, el Ministerio de Vivienda emitió un concepto detallado para clarificar estas normativas, enfocándose en el papel de las asambleas y consejos de administración.
El Ministerio subraya que no tiene competencia para «definir la legalidad de las actuaciones que desarrollan los habitantes al interior de las propiedades horizontales”. Además de no ejerce funciones de inspección, vigilancia y control. No obstante, su concepto ilumina los límites legales existentes.
Regulación de sustancias psicoactivas
Respecto al tabaco y sus derivados, la Ley 1335 de 2009 es categórica, prohibiendo el consumo en áreas cerradas de lugares de trabajo y públicos. Esto se extiende a zonas comunales de espera, entidades de salud, instituciones educativas y medios de transporte. Esta normativa establece un precedente para la protección de la salud pública en espacios compartidos.
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La inquietud principal sobre el consumo de marihuana se resuelve con la Ley 2000 de 2019, que modificó el Código Nacional de Policía. Según el Ministerio de Vivienda, este marco legal permite expresamente que las asambleas de copropietarios o los consejos de administración «pueden regular o prohibir el consumo de sustancias psicoactivas, pero solo en determinadas áreas comunes.«
Zonas comunes y privadas
Esta conclusión es vital para la gestión de convivencia en conjuntos residenciales. Asimismo, es completamente legal y aplicable establecer restricciones al consumo de psicoactivos en las zonas compartidas (parques, pasillos, salones comunales). No obstante, el concepto traza una línea roja fundamental, esta potestad de prohibición no puede extenderse a los espacios privados de los residentes. Intentar hacerlo desconocería derechos constitucionales como el libre desarrollo de la personalidad y la intimidad. Garantizados por la Ley 675 de 2001, que también protege el derecho de los propietarios a usar y gozar de su bien privado.
En resumen, para una propiedad horizontal eficiente y legal, la clave está en el reglamento. Las comunidades pueden y deben tomar medidas para asegurar un ambiente saludable en sus áreas compartidas. Dejando claro que las decisiones sobre lo que ocurre al interior de cada unidad privada son un asunto distinto, protegido por la ley.
