El panorama económico para el departamento de Antioquia en este inicio de 2026 se torna crítico tras las recientes decisiones adoptadas por el Gobierno nacional. El gobernador Andrés Julián Rendón lanzó una contundente advertencia sobre el impacto negativo que el decreto de emergencia económica y el sustancial incremento al salario mínimo tendrán sobre las finanzas regionales, señalando que la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) es la entidad más golpeada por estas disposiciones.
La Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) es la primera licorera de América en tener todos sus aguardientes insignia certificados como carbono neutro.
Como consecuencia directa de los costos operativos al alza, los consumidores verán un incremento inmediato en el precio de la botella de aguardiente. Esta situación no solo afecta el bolsillo de los ciudadanos, sino que proyecta un escenario de desfinanciamiento institucional sin precedentes.
Meta de la FLA en 2026
Según las estimaciones de la Gobernación, se espera una reducción en las ventas de aproximadamente 40.000 millones de pesos. Además, una caída en las utilidades de la FLA que podría alcanzar los 20.000 millones de pesos anuales.
Esta noticia te puede interesar: El aguardiente de la FLA es ahora carbono neutro
El mandatario departamental explicó que, bajo el nuevo esquema, la FLA está obligada a transferir cerca de 720.000 millones de pesos al Gobierno nacional. Además, para cumplir con esta exigencia, la empresa debería alcanzar una facturación anual cercana a los 3 billones de pesos. Una meta que parece lejana considerando que en 2025 las ventas cerraron ligeramente por encima de los 2 billones.
Crisis en las cifras de venta
La crisis trasciende las cifras de ventas y golpea directamente los programas sociales. La Gobernación alertó que la disminución de estos ingresos impactará la construcción de soluciones habitacionales. Dejando a cerca de 12.000 familias sin posibilidad de acceder a una vivienda propia.
Para seguir leyendo: Riesgos del alza histórica salario mínimo en 2026
Esto representa una desinversión social de 265.000 millones de pesos. Ante este complejo escenario, las autoridades departamentales se encuentran a la espera de medidas cautelares que permitan mitigar los efectos del incremento salarial y los decretos nacionales que, según afirman, han puesto en jaque la estabilidad financiera del departamento para el presente año.


