La emblemática finca La Manuela, ubicada a orillas del embalse de El Peñol en Guatapé, ha vuelto al centro de la opinión pública tras concretarse su venta. Mediante una subasta organizada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El predio con una extensión superior a los 7.800 metros cuadrados, que perteneció a Pablo Escobar, fue adquirido por la suma de 7.700 millones de pesos.
Durante varias décadas, el hombre que inicialmente fue el jardinero de Pablo Escobar administró el lugar, hasta que en 2019 la SAE tomó la finca ‘La Manuela’.
Una cifra que ha desatado fuertes cuestionamientos tanto en la región como entre las asociaciones de víctimas. La principal controversia gira en torno al valor comercial de la transacción. Líderes locales y expertos en el sector inmobiliario aseguran que el precio final de venta está muy por debajo de la realidad del mercado actual.
Valorización del predio
Yeison Valderrama, exconcejal de El Peñol, criticó duramente la operación al afirmar que la propiedad podría valer hasta ocho veces más de lo pactado. Según Valderrama, es urgente que los órganos de control investiguen por qué, tras décadas de peticiones por parte de los municipios vecinos para convertir el bien en un desarrollo turístico público, se terminó entregando a un privado por un valor que considera irrisorio para una zona de tan alta valorización.
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Por su parte, la presidenta de la SAE, Amelia Pérez, defendió la transparencia del proceso asegurando que se trató de una subasta altamente competitiva. Motivada por el atractivo paisajístico y la exclusividad del terreno, el cual alberga especies de árboles exóticos traídos de diversos continentes.
Símbolo de justicia
No obstante, las explicaciones oficiales no han logrado calmar el malestar de las víctimas del Cartel de Medellín. Carlos Zuluaga, hijo del magistrado asesinado Gustavo Zuluaga Serna, manifestó un profundo escepticismo frente a la promesa del Gobierno de destinar recursos a la reparación. Zuluaga recordó que, tras más de treinta años de violencia, ninguna administración ha cumplido con una reparación ni se ha acercado genuinamente a los afectados.
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Para las víctimas, la venta de este símbolo del narcotráfico representa otra oportunidad en la que el Estado habla de justicia. Pero la realidad de los hechos sigue marcada por la falta de verdad y la desconfianza en la gestión de los bienes incautados a la mafia.
