El Congreso aprobó con 116 votos la reforma a artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Con ello moderniza la financiación estructural de universidades públicas estatales. El proyecto espera sanción presidencial. Entrará en vigencia en 2027.
Tres décadas de matrícula explosiva sin recursos proporcionales generaron déficits crónicos del 5% anual. Las instituciones operaron al límite, ignorando costos reales de docencia, investigación e infraestructura esencial.
ICES sustituye al IPC
Los aportes nacionales abandonan el Índice de Precios al Consumidor del DANE. Adoptan el Índice de Costos de la Educación Superior que mide gastos auténticos del sector. Por ejemplo, corrige el desfase del 9% anual en costos versus 4% de inflación general. Presupuestos triplicaron de 5,5 billones a 12 billones en 2025, incluyendo gratuidad. Proyectan 13 billones para 2026 sin nuevos impuestos.
La reforma inyecta un billón adicional en 2027 para ampliar cobertura y elevar calidad. En consecuencia, fortalece investigación en sedes públicas nacionales clave. Además, impulsa regionalización hacia territorios apartados históricamente excluidos.
Regionalización gana fuerza
Los fondos combaten deserción estudiantil y aseguran graduaciones oportunas con respaldo directo. El bienestar universitario mejora junto a condiciones de docentes y administrativos en todas las sedes. El 0,05% del PIB anual se destina a ITTU públicas de inmediato.
La ley fija meta del 1% del PIB exclusivo en educación superior pública a mediano plazo. Colombia se alinea con estándares OCDE e internacionales vigentes. Por otro lado, el artículo 87 vincula aportes extras al 70% del crecimiento del PIB real.
Brechas se cierran ya
Infraestructura física y tecnológica recibe inversión estratégica nacional prioritaria. En particular, rectores celebran el fin de 32 años de desfinanciamiento crónico. De esta manera, permite planificación efectiva a mediano plazo en operaciones críticas. Finalmente, el movimiento estudiantil logra su victoria tras una década de protestas intensas.
