Colombia atraviesa una de las crisis alimentarias más graves de su historia reciente. Según el Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2025, 7,8 millones de personas necesitaron asistencia alimentaria urgente durante 2024, la cifra más alta en América Latina. Además, un 30 % de la población se encuentra en “estrés alimentario”, lo que significa que podrían caer rápidamente en inseguridad alimentaria aguda ante cualquier perturbación adicional. Esta situación alarmante ha puesto en alerta a organizaciones sociales, autoridades y a la comunidad internacional.
El conflicto armado interno ha desplazado a siete millones de personas, generando una vulnerabilidad extrema en el acceso a alimentos. A esto se suman los efectos devastadores del fenómeno climático El Niño y otros eventos extremos que han reducido drásticamente la producción agrícola, afectando la disponibilidad y el acceso a alimentos frescos y nutritivos. Por último, la desigualdad económica ha incrementado el costo de vida, afectando principalmente a los hogares más vulnerables, quienes destinan gran parte de sus ingresos a la alimentación.
Impacto regional y población vulnerable
Los departamentos de La Guajira, Chocó, Nariño y Vaupés concentran los niveles más críticos de desnutrición y escasez alimentaria. En estos territorios, la inseguridad alimentaria se ha profundizado debido a la combinación de desplazamientos forzados, condiciones climáticas adversas y pobreza estructural. Por ejemplo, en Chocó, la inseguridad alimentaria grave aumentó en un 17 % en solo un año, alcanzando niveles alarmantes que afectan especialmente a niños, mujeres embarazadas y comunidades indígenas.
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En medio de este panorama, los Bancos de Alimentos de Colombia han emitido una advertencia sobre una posible modificación al Proyecto de Ley 474 de 2024, que regula la donación de alimentos en el país. Aunque la iniciativa tiene como objetivo reducir el hambre y el desperdicio, algunas organizaciones sociales, como ABACO, alertan que cambios en el artículo 8 podrían obstaculizar la entrega de alimentos a quienes más los necesitan, poniendo en riesgo la solidaridad y la ayuda humanitaria.
Debate sobre la ley y sus posibles efectos
Juan Carlos Buitrago, director de ABACO, expresó con preocupación: “Modificar ese artículo o incluir uno nuevo que limite las donaciones sería desastroso. Es ir en contra de la lucha contra el hambre. Hoy más que nunca, el país necesita que la comida llegue a las mesas de quienes la necesitan, no que termine en la basura”. Esta declaración refleja la urgencia y el compromiso de quienes trabajan directamente con la población vulnerable y conocen de primera mano las consecuencias de las políticas públicas.
El Proyecto de Ley 474, en su versión actual, busca crear un fondo para combatir la inseguridad alimentaria, establecer sanciones a quienes desperdicien alimentos y actualizar la política pública del derecho a la alimentación. Sin embargo, los Bancos de Alimentos hacen un llamado al Congreso para que aprueben la iniciativa sin modificaciones que puedan limitar la donación de alimentos, ya que esto afectaría directamente a millones de colombianos que dependen de esta ayuda para sobrevivir.
Perspectivas y retos para el futuro
Aunque el DANE reporta una leve disminución en la inseguridad alimentaria moderada o grave, la inseguridad alimentaria grave aumentó ligeramente, pasando del 4,8 % al 5 % entre 2023 y 2024. Esta tendencia evidencia que la crisis continúa siendo un desafío urgente, especialmente en zonas rurales y departamentos históricamente afectados por la pobreza y el conflicto armado. Por ello, se requiere una respuesta integral que combine políticas públicas efectivas, apoyo social y acciones comunitarias.
En este sentido, cualquier decisión legislativa debe priorizar el derecho a la vida y la nutrición, poniendo en el centro a las personas más afectadas. Colombia enfrenta un reto mayúsculo que exige coordinación entre el Estado, la sociedad civil y la cooperación internacional para garantizar el acceso a una alimentación digna y suficiente para todos. La solidaridad y la protección social son esenciales para superar esta crisis y construir un futuro más justo y sostenible.
