El Consejo de Estado de Colombia ha emitido una sentencia definitiva que sacude la operación turística aérea en el oriente antioqueño. Ordenando el cierre inmediato de un helipuerto y el traslado de otro en el popular embalse de Guatapé-El Peñol. La decisión, proferida en segunda instancia de una acción popular, confirma que los sobrevuelos turísticos en helicóptero vulneran derechos colectivos de los habitantes aledaños. Debido al ruido excesivo, uso indebido del suelo y falta de permisos adecuados.
La Sala de lo Contencioso Administrativo concluyó que las empresas operadoras y los helipuertos causaron daños al exceder los límites sonoros permitidos en la zona. Las mediciones de ruido realizadas por Cornare mostraron emisiones que sobrepasaban hasta en 13 decibeles (dB A) el estándar máximo legal para zonas residenciales (65 dB), con registros que alcanzaron hasta 79.7 dB. Los residentes, afectados por el ruido constante y perturbador, adujeron que esta situación afecta su tranquilidad, descanso y salud diaria.
Cierre inmediato y vigilancia del caso
La resolución judicial es de cumplimiento inmediato y ordena a la Aeronáutica Civil disponer el cierre del helipuerto del Centro Turístico La Piedra S.A.S. Además, se debe garantizar el traslado del helipuerto ubicado en el Hotel Los Recuerdos, en un plazo máximo de seis meses. Esta sentencia ratifica lo dictaminado el 1° de junio de 2022 por el Tribunal Administrativo de Antioquia. Declarando vulnerados los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, tranquilo, íntimo y seguro para las comunidades de las veredas La Piedra, Bonilla, Palestina, El Morro y El Uvita, del municipio de Guatapé.
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El Consejo de Estado también impone medidas de control y seguimiento. Por parte de Cornare, se deberán realizar vigilancia y seguimiento estricto a la producción de ruido generado por los helicópteros que sobrevuelan el embalse.
Posibles investigaciones disciplinarias
Asimismo, el alcalde de Guatapé, David Esteban Franco, fue conminado a cumplir sus funciones de control sobre establecimientos abiertos al público y actividades económicas. Conforme a la Ley 1801 de 2016.
Finalmente, el alto tribunal remitió copia de la acción popular a la Procuraduría General de la Nación para que inicie las investigaciones disciplinarias correspondientes. Enfocadas en una posible omisión de la Aeronáutica Civil al otorgar los permisos de construcción y operación de los helipuertos implicados. Esta decisión judicial es definitiva y no admite recursos ordinarios.
