La Alcaldía de Medellín ha puesto en marcha una investigación contra al menos 35 construcciones ilegales ubicadas en la vereda El Jardín, del corregimiento de Altavista. Las autoridades señalan las obras porque se desarrollan sin la respectiva licencia ambiental e intervienen un terreno clasificado como suelo rural de uso forestal protector.
La Secretaría de Gestión y Control Territorial detectó intervenciones en un lote de más de 11 hectáreas, un área equiparable a la mitad del Parque Norte. Además, este terreno está destinado exclusivamente a fines ambientales, lo que prohíbe el desarrollo de proyectos habitacionales o parcelaciones. De hecho, la normativa en este tipo de suelo solo permite la construcción de una vivienda por cada 38 hectáreas. Resaltando su función de protección de bosques, fuentes hídricas y biodiversidad.
Construcción sin control
Imágenes satelitales revelan que, desde el año 2020, la zona ha sufrido una considerable reducción de su cobertura vegetal. Asimismo, aumentaron las edificaciones y se multiplicaron las vías no planificadas. Estos indicios motivaron las verificaciones en terreno por parte de las autoridades distritales.
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El subsecretario de Control Urbanístico, Carlos Trujillo Vergara, enfatizó: «Las autoridades destinan estos terrenos a proteger los bosques, el agua y la biodiversidad. Lo que allí se observó no corresponde con la destinación para el uso del suelo.» Durante la intervención, el corregidor ordenó la suspensión inmediata de cuatro obras al no contar con la licencia de construcción requerida.
Operativo en Altavista
La Secretaría elaboró informes técnicos detallados y ordenó la suspensión de las obras sin licencia. Además, los procesos administrativos y judiciales orientados a restablecer el ordenamiento territorial en la zona usarán estos documentos como clave. El operativo contó con el apoyo de la Corregiduría de Altavista y la Policía Nacional.
Finalmente, la Administración Distrital ha anunciado que continuará con este tipo de operativos en otras comunas y corregimientos. El objetivo es proteger los suelos de conservación, prevenir riesgos asociados a la ocupación irregular y evitar que urbanizadores ilegales se aprovechen de la ciudadanía en terrenos de protección ambiental.
