Autor: John Jairo Llano Cano
Despotricar, señalar, acusar, condenar, perfilar y hasta proponer penas de muerte cuando se amenaza en las redes ya son escenarios costumbristas del día a día en este país. Al parecer, en muchos otros donde la dignidad y el menosprecio por la dignidad también es un canto a la bandera. En muchos casos no hay argumentación legal para montar a cualquiera como el peor criminal y surgen entonces miles de demandas por injuria. Asimismo, por calumnia que mantienen repletos los anaqueles de la justicia colombiana.
Este es un espacio de debate que no compromete la opinión de Habitante Siete ni de sus aliados.
Aunque existen casos con evidencias claras y mucho acervo probatorio, es la justicia la que dictamina a quién condenar o incluir en las investigaciones a que haya lugar y de acuerdo con múltiples investigaciones.
También hay entidades paquidérmicas y retrasadas en el cumplimiento de sus funciones que parecen tener como prioridad quedarse quietas. Además de no agilizar los procesos o sencillamente congelarlos sin razones y total dejadez. Tal parece ser el caso de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y acá también entro al mundillo de los que nos creemos jueces, pero son tantas las demandas acumuladas que esta entidad tiene, que parece el elefante blanco de la inoperancia facilista que favorece a los que debía juzgar.
Pero bajando desde el Congreso a nuestra rutina social, comunitaria y hasta familiar, es muy cotidiano ver corrillos cuyos temas juegan a la mansalva con propios y extraños. En donde solo ven corrupción, engaño, mentiras, inoperancia, criminalidad y otras inmundicias que logran atraer para sus vidas. De las cuales se nutren cada día como forma su forma de vivir que parece no estorbarle a sociedad que demanda convivencia, paz y bienestar para todos.
Del rumor a la celda
Y es aquí donde el juicio popular se vuelve más peligroso aún. Porque la sentencia se dicta en redes, en el barrio o en la mesa familiar sin pruebas, sin derecho a defensa y, muchas veces, sin posibilidad de reparación. La historia colombiana está llena de inocentes que pagaron con años de cárcel, estigma y destrozos familiares por señalamientos falsos o precipitados.
Basta recordar el caso de Edwin Forero Jiménez, conocido como “el Bogotano”. En 2004 lo acusaron del homicidio de una mujer en Sogamoso. Pasó meses privado de la libertad. En 2006 la justicia lo declaró inocente y le entregó un certificado de inocencia. Condenaron a otra persona por el crimen. Sin embargo, la comunidad siguió señalándolo durante más de dos décadas. Solo en 2025 la Fiscalía General de la Nación le envió un memorial oficial de disculpas, cumpliendo una orden del Consejo de Estado de 2021. Veintiún años después del hecho, el daño moral, laboral y social sigue vivo.
Otro ejemplo reciente es el de Francisco Fernando Álvarez, economista y exgerente de Transmilenio y secretario de Movilidad de Bogotá. Lo investigaron por corrupción, lo encarcelaron y lo persiguieron durante más de una década. En 2025 un juez lo absolvió de todas las imputaciones: no había prueba de ningún delito. Le fabricaron un caso. Su nombre apareció en los periódicos, amigos lo abandonaron y su vida quedó marcada por una acusación que resultó ser falsa.
Justicia sin toga
Iniciativas como el Proyecto Inocencia han logrado la libertad de al menos 17 personas que fueron condenadas siendo inocentes. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ha registrado miles de procesos por privación injusta de la libertad. Hay casos de ciudadanos que terminaron tras las rejas por tener un nombre similar al de un delincuente, sin que se individualizara a la persona.
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Estos no son hechos aislados. Son el resultado de una cultura que confunde rumor con prueba, indignación con justicia y “linchamiento digital” con participación ciudadana. Cuando cualquiera se siente facultado para condenar sin pruebas, el daño no se borra con un “me equivoqué” o un “era solo una opinión”. La reputación se destroza, las familias se quiebran y, a veces, la libertad se pierde para siempre.
El costo social del señalamiento
Lo que sí es posible señalar, atacar, condenar y juzgar son nuestros propios actos. Porque solo ahí tenemos y vivimos la verdad y esa es la que muchas veces ocultamos para limpiar nuestra moral a ultranza de los demás. Quizá el día en que dejemos de jugar a jueces de los otros y empecemos a examinarnos con la misma dureza con que acusamos, dejaremos de alimentar esa máquina de señalamientos que tanto daño ha hecho. La justicia es un oficio serio, lento e imperfecto. Convertirlo en deporte nacional solo produce más víctimas inocentes y una sociedad cada vez más enferma de sospecha.
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A todo lo anterior, podríamos agregarle, que esos Falsos Jueces, quieren escogerle los amigos a los líderes que manejan organizaciones sociales y comunitarias. Porque les hacen registros fotográficos con el titular de “Dime con Quien Andas y Te Diré Quien Eres”. Como si quienes estén inmersos en alguna investigación o se encuentren señalados por la sociedad como delincuente; tengan una lepra que contagia no solo la lengua del que señala sino de quien está llamado a ser incluyente y equilibrado en sus actos.
