En un esfuerzo por transformar la realidad de las familias campesinas, la Gobernación de Antioquia, a través de la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva), oficializó este jueves 5 de febrero una ambiciosa alianza público-privada para ejecutar 9.018 mejoramientos de vivienda en las nueve subregiones del departamento.
Cerca de un millón de hogares campesinos sobreviven en fincas con menos espacio cultivable del que tiene una vaca para pastar, esto evidenciando una profunda desigualdad estructural.
El programa, denominado “VIVA Mi Casa Mejorada para Ellas”, cuenta con el respaldo de Comfama, FEDEFA, Planeta Norte y las fundaciones Golondrinas, Compasión y Presente. Estas entidades unirán esfuerzos técnicos y financieros para dignificar el hogar de mujeres cabeza de familia en condiciones de vulnerabilidad.
Inversión estratégica para la dignidad rural
El proyecto contempla una inversión total de $236.000 millones, donde la Gobernación aporta un capital con $200.000 millones. Mientras que las organizaciones aliadas completan los $36.000 millones restantes. Estas intervenciones buscan cerrar brechas críticas de salud pública mediante la adecuación de cocinas, baños, pisos y la instalación de sistemas de saneamiento básico.
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Sin embargo, este anuncio se produce en un contexto de alta tensión económica para el sector de la vivienda de interés social. El reciente decreto del Gobierno Nacional que fijó un aumento del 23% en el salario mínimo para 2026 ha generado un descalce presupuestal en Viva. Rodrigo Hernández, gerente de la entidad, explicó que las proyecciones realizadas en 2025 se basaron en un incremento salarial del 8%. Por lo que la realidad obliga a la administración a buscar recursos adicionales para evitar que miles de soluciones de vivienda queden en el olvido.
Prioridad absoluta: La mujer en el campo
El impacto financiero es considerable, ya que se estima un déficit de $264.000 millones para cumplir con las 150.000 soluciones habitacionales prometidas. Específicamente en el rubro de mejoramientos, se requieren $54.000 millones extra para no dejar sin atención a más de 3.300 familias. Ante este panorama, el gerente Hernández señaló que en 80 municipios del departamento la Gobernación ha tenido que asumir los costos de las obras.
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A pesar de los vientos en contra, líderes de las organizaciones aliadas como Francesco Maria Orsini de Comfama e Isabel Cristina Bouhot de la Fundación Compasión coinciden en que la urgencia social en el campo no da espera. La priorización de la mujer rural como eje central del programa busca mitigar el déficit cualitativo de vivienda en las zonas más apartadas. Blindando estos recursos para asegurar que la precariedad fiscal no detenga el avance de las obras de saneamiento que prometen devolverle la dignidad al campo.
